EL PORTAVOZ SOCIALISTA DE URBANISMO SOSTIENE QUE LA ORDENANZA DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS SE ORIGINA TRAS EL ESTALLIDO DEL "CASO GUATEQUE"

Daniel Viondi: "Los madrileños no saben ni cuánto va a costar, ni cómo va a realizarse, ni quién va a dar las licencias en la ciudad de Madrid"

17/01/2010

• “A día de hoy, y muy previsiblemente cuando entre en vigor la Ordenanza, la mayoría de las empresas que reciban la formación no estarán acreditadas definitivamente para desarrollar esta función”

• “Los madrileños van a pagar la formación a una empresas que, a día de hoy, no están acreditadas ni cumplen los requisitos obligatorios para llevar a cabo esta función certificadora”

• “Ningún ciudadano sabe cuánto tendrá que pagar para conseguir una licencia con las entidades certificantes”

Madrid, 17 de enero de 2010.- En junio de 2008 se aprobó definitivamente la nueva Ordenanza de Tramitación de Licencias de la ciudad de Madrid. Según Daniel Viondi, portavoz socialista de Urbanismo, “el origen de esta ordenanza está en el ‘caso Guateque’. Si no se destapan estos presuntos casos de corrupción en el ayuntamiento, todo sería igual”, y añade que “la nefasta gestión de las licencias y la ‘Operación Guateque’ van cogidas de la mano”.

La Ordenanza que abre la puerta a la participación de empresas privadas en la concesión de licencias, a través de su intervención como entidades certificadoras, aún no se ha puesto en funcionamiento. La última novedad ha sido la creación de una nueva agencia municipal de tramitación de licencias, “algo que no recogía la Ordenanza aprobada por el Gobierno municipal”, señala el concejal socialista.

En el periodo habilitado para inscribirse ante la Entidad Nacional de Acreditación para optar a ser una entidad colaboradora del Ayuntamiento de Madrid en la concesión de licencias, la cantidad de empresas ha llegado hasta 38, “pero muchas de ellas no disponen ni siquiera del informe preceptivo para poder realizar la formación previa que empezará durante el mes de Enero”, indica Viondi.

Según los datos ofrecidos por el propio Gobierno municipal, tan solo 23 de las 38 solicitudes están capacitadas a día de hoy para recibir la formación, es decir, “que al retraso acumulado en el desarrollo de la Ordenanza se añade que casi la mitad se quedan fuera de la formación prevista por el Gobierno municipal”, señala Viondi.

Cuando el 1 de abril entre en vigor la nueva ordenanza de licencias, las empresas que reciban la formación deberán haberla superado, además de obtener la acreditación definitiva de la Entidad Nacional de Acreditación que aún no ha obtenido ninguna de ellas. “A día de hoy, y muy previsiblemente cuando entre en vigor la Ordenanza, la gran parte de las empresas que reciben la formación no estarán acreditadas definitivamente para desarrollar esta función”, indica el edil socialista, quien asegura que “vamos a pagar la formación a unas empresas que, a día de hoy, no están acreditadas ni cumplen los requisitos obligatorios para llevar a cabo esta función certificadora”.

Al desconocimiento sobre cuántas empresas cumplirán los requisitos y acreditaciones necesarios, se añade que el Gobierno municipal aún no ha aprobado los precios máximos que podrán cobrar las entidades colaboradoras que se encargarán de los trámites a los demandantes de licencia. “A estas alturas, y tras meses de anuncios, desconocemos cuántas empresas están acreditadas para ser certificadoras ni cuánto supondrá a los madrileños”, sostiene el portavoz socialista de Urbanismo. “Nadie en la ciudad sabe lo que tendrá que pagar para conseguir una licencia con las entidades certificantes”, sostiene Daniel Viondi.

En su opinión, “el Gobierno municipal está creando indefensión del ciudadano por falta de información en todo lo relacionado con la tramitación y concesión de licencias”.